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AMENAZADA SIERRA DE ÁLVAREZ POR EMPRESA QUÍMICA

4-Mar-2019

Conexionradiotv

 

 

 

Tras algunas reuniones llevadas a cabo entre habitantes del fraccionamiento La Florida, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, los miembros del grupo ecológico La Florida reconocieron que su panorama se torna desolador, pues la dependencia estatal otorgó una licencia de hasta 99 años para la empresa de Grupo Calidra.

 

Francisco Romero Tristán, líder de esta asociación civil, reconoció que ante la omisión de las autoridades ejecutivas y judiciales, no les quedará más que hacer bloqueos e incluso intentar tomar la empresa, para evitar que siga contaminando esta zona de la ciudad.

 

El activista dijo que no está en la intención de los pobladores recurrir a la violencia, pero que tratarán de buscar mecanismos legales, alternos a los amparos, pues ya recurrieron en varias ocasiones a ellos sin obtener resultados.

 

“Ya se metieron varios amparos, pero siempre, siempre nos han puesto una traba para continuar y para resolverlo”.

 

Relató que en la reunión que sostuvieron con Yvette Salazar Torres, titular de la Segam, la funcionaria les dijo que ella había autorizado el permiso para que la empresa operara por los próximos 99 años.

 

“Nosotros le cuestionamos que por qué en 2016, con los mismos elementos, en el mismo plan poblacional estratégico, ella había negado la manifestación de impacto ambiental y por qué ahora que no ha cambiado nada, que sigue siendo el mismo plan, ahora sí les otorga no solamente la manifestación de impacto ambiental, sino 99 años para operación”.

 

En un siglo terminarán con la Sierra de Álvarez, lamentaron los miembros del grupo ecologista.

 

“Imaginen todo el costo que vamos a pagar para que esta planta se salga con la suya”, resaltó.

 

Salazar Torres informó que se acatará la sentencia emitida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en relación al permiso de la prórroga de manifestación de impacto ambiental emitido a la empresa Cal Química Mexicana.

 

Explicó que el periodo de operación de las empresas es solicitado por las mismas y las autorizaciones no les exentan de revisiones, auditorías, suspensiones, e incluso revocaciones en caso de no dar cumplimiento a la legislación ambiental y generar desequilibrios ecológicos.

 

Consideró que en este caso, el tribunal tendrá que realizar un estudio exhaustivo de que las autorizaciones emitidas se hayan resuelto conforme a derecho y valorar las peticiones de los vecinos inconformes para la emisión de su resolución.

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